26/06/2020
Los cultivadores de perlas lanzan la voz de alarma sobre los desafíos que enfrenta su sector. Acusan a la ley del País que regula la producción y comercialización de productos perlíferos y nácar de haber provocado una caída de los precios, con la desaparición de los controles en la exportación. Además, condenan la venta y exportación de los desechos.
Los miembros de la junta del sindicato de los Pequeños y Medianos Perlicultores de Polinesia (SPMPPF) y de la federación de profesionales de las Riquezas Marinas y su entorno (FPRME) celebraron una rueda de prensa el jueves por la mañana. Expresan su frustración ante un "problema de comunicación" persistente con el gobierno desde hace tres años, a pesar de sus "quejas". La presidenta del SPMPPF y de la FPRME, Mia Williams, lamenta una situación en la que se sienten ignorados.
Los perlicultores critican la ley del 18 de julio de 2017, afirmando que los precios han caído drásticamente desde su instauración, agravados por la pandemia de la COVID-19. Señalan que no hay control de calidad desde 2017, mencionando la desaparición del control por rayos X y la creación de una categoría de residuos.
Frente a esta amenaza, los perlicultores proponen la implementación de un plan de rescate. Solicitan la prohibición estricta de la venta y exportación de los residuos, abogando por su destrucción inmediata. También desean un control obligatorio del grosor de las nácares, insistiendo en la necesidad de mantener la calidad de los productos para revertir la tendencia a la baja de los precios.
La ley del País de 2017 instauró un consejo de la perlicultura, pero Mia Williams considera que es "una cáscara vacía". Critica el retraso en la creación de los comités de gestión, subrayando que solo 9 de las 25 islas perlíferas han establecido estos comités. Solicita el apoyo del País para aligerar su composición y facilitar su puesta en marcha.
En respuesta, el ministro encargado de la perlicultura, Teva Rohfritsch, recuerda que la caída de los precios de las perlas data de principios de los años 2000 y que la ley de julio de 2017 tenía como objetivo asegurar una gestión sostenible de los recursos perlíferos. Anuncia una reunión con el Consejo de la perlicultura y los comités de gestión en agosto para discutir las orientaciones estratégicas destinadas a recuperar el sector tras la crisis de la COVID-19. El ministro asegura también que se presentarán a las autoridades propuestas de exención de las tasas de ocupación marítima y de derechos específicos sobre las perlas exportadas para su examen.