27/06/2012
Desde la manifestación organizada el 6 de junio por la Unión de Profesionales de la Perla, las esperanzas de una flexibilización de la normativa parecen vanas.
A pesar de una respuesta tardía del ministro de Recursos Marinos, Temauri Foster, los cultivadores de perlas lamentan una propuesta legislativa aún más restrictiva que la deliberación 2005-42 que cuestionan, alimentando la ira y la preocupación del sector.
El apoyo declarado del presidente Oscar Temaru, durante su encuentro del 4 de junio, no ha dado lugar hasta ahora a ninguna acción concreta. Franky Tehaamatai, portavoz de los productores, lanza la voz de alarma: "Si no se hace nada, quedarán menos de un centenar de granjas para finales de año." La propuesta alternativa presentada al ministro el 13 de junio solo recibió una respuesta evasiva el 22 de junio, indicando que está en curso un examen por parte de los servicios administrativos.
Ante esta inercia, los cultivadores de perlas denuncian un desprecio por parte de las autoridades y contemplan dar un golpe fuerte: la anulación del impuesto DSPE (Derecho específico sobre las perlas exportadas). Según Franky Tehaamatai, este impuesto grava fuertemente los ingresos, representando a veces hasta el 50 % de la facturación para algunos explotadores en dificultades.
Por otra parte, la Unión solicita la derogación del sistema de clasificación de perlas, estimando que solo deberían existir dos categorías: las perlas comercializables y las que no lo son. En ausencia de avances rápidos, amenazan con bloquear el acceso al servicio de la perlicultura, como ya advirtieron durante su movimiento de protesta.
La contestación también apunta a los controles visuales y por rayos impuestos por la deliberación 2005-42. Los productores denuncian normas que consideran arbitrarias, señalando la ausencia de tales medidas en otros países productores y la destrucción injustificada de perlas que, sin embargo, cumplen con los estándares de calidad.
La tensión sigue siendo palpable en el sector perlífero polinesio, y el desenlace del pulso con las autoridades permanece incierto.