Últimas noticias sobre la perlicultura en Tahití.
21/12/2025
Tahití, 21 de diciembre de 2025 - La Autoridad Polinesia de la Competencia ha emitido su dictamen sobre la propuesta de ley del País destinada a modificar la regulación de las actividades profesionales relacionadas con la producción y comercialización de productos perlíferos y de nácar en la Polinesia Francesa.
Requerida por el gobierno, una vez más con carácter de urgencia y sin precisar los motivos de este procedimiento acelerado, la Autoridad Polinesia de la Competencia examinó un proyecto de reforma del marco regulatorio del sector perlícola. Desde 2017, se trata ya de la séptima modificación legislativa relativa a este sector estratégico de la economía polinesia.
El proyecto de ley pretende hacer evolucionar la regulación de la perlicultura con el fin de reforzar la supervisión del sector, mejorar la trazabilidad de las producciones y tener en cuenta las evoluciones técnicas, ambientales y económicas del sector.
Compuesto por 51 artículos que modifican, completan o derogan varias disposiciones existentes, el texto se articula en torno a cuatro objetivos principales: regular el desarrollo de la producción de ostras perlíferas en medio controlado, reforzar las condiciones de ejercicio y de control de las actividades perlíferas, mejorar la gestión del dominio público marítimo y la protección de las lagunas, y finalmente reforzar la trazabilidad y la calidad de los productos perlíferos.
Entre las evoluciones propuestas figura la introducción de una distinción entre la producción de ostras perlíferas en medio natural y la realizada en medio controlado. Esta nueva definición precisa la noción de medio controlado y crea dos categorías distintas de productores, ya que los criaderos y las infraestructuras de fijación se consideran ahora dentro de este marco específico.
El proyecto de texto también refuerza las condiciones de autorización para los productores en medio controlado. Los operadores deberán ahora justificar competencias técnicas más avanzadas y presentar un expediente técnico detallado cuyo contenido será definido mediante decreto del Consejo de Ministros. Este expediente deberá demostrar, en particular, la coherencia, la viabilidad y la bioseguridad del proyecto.
El texto prevé también la obligación de restaurar los lugares de explotación en caso de cese de actividad o retirada de la autorización.
Un riesgo de sobrerregulación señalado por la Autoridad de la Competencia
La Autoridad Polinesia de la Competencia precisa, no obstante, que su misión no se refiere a la oportunidad política de la reforma, que corresponde al Consejo Económico, Social, Ambiental y Cultural de la Polinesia Francesa. Su análisis se limita al impacto competitivo del proyecto de ley.
En su dictamen, la Autoridad considera que el texto se inscribe globalmente en una lógica de reconducción de autorizaciones generalizadas y de refuerzo de las obligaciones declarativas. En ausencia de una delimitación más precisa según los riesgos propios de cada actividad, este enfoque podría conducir a una sobrerregulación susceptible de producir efectos de exclusión y reducir la dinámica competitiva del sector.
La Autoridad reconoce, sin embargo, que el recurso a un régimen de autorización previa para ciertas actividades puede justificarse por consideraciones de interés general, en particular en materia de protección de las lagunas, bioseguridad y seguridad de las personas.
Por el contrario, se muestra más crítica respecto a la aplicación de criterios de autorización a determinadas actividades de comercialización. Según su análisis, estas restricciones podrían constituir un obstáculo desproporcionado para el acceso al mercado y limitar la diversidad de operadores y de circuitos de distribución.
Catorce recomendaciones para encuadrar la reforma
En su informe, la Autoridad formula catorce recomendaciones destinadas a conciliar la regulación del sector con la preservación de una competencia equilibrada.
Recomienda en particular mantener un régimen de autorización previa para las actividades que presenten riesgos comprobados para el medio ambiente o la seguridad, evitando al mismo tiempo extender este dispositivo a las actividades comerciales cuando no sea necesario.
La Autoridad también propone la creación de una norma obligatoria de calidad "Perla de Tahití", basada en un pliego de condiciones claro y transparente.
En lo que respecta a la comercialización, sugiere privilegiar dispositivos de certificación de los operadores o de los productos, acompañados de mecanismos de trazabilidad reforzada, como el registro de lotes, el mantenimiento de registros o controles específicos.
Entre sus recomendaciones figuran igualmente la necesidad de garantizar procedimientos transparentes para la concesión y renovación de autorizaciones, asegurar una información pública clara sobre las normas aplicables al dominio público marítimo y evaluar los efectos competitivos de las nuevas obligaciones impuestas a los profesionales.
La Autoridad insiste finalmente en un punto sensible: desaconseja reintroducir una prohibición general de la comercialización de perlas tratadas. Según su análisis, sería preferible reforzar las obligaciones de información y etiquetado para evitar cualquier confusión para el consumidor, manteniendo al mismo tiempo la diversidad de productos disponibles en el mercado.
Con esta nueva reforma, el sector perlífero polinesio continúa adaptándose a un contexto económico y ambiental en constante evolución, tratando al mismo tiempo de preservar el equilibrio entre la protección de las lagunas, la calidad de las producciones y la competitividad del sector.